La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala V resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el expediente N.º 1065/2025 y ordenó la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 62/2025, hasta tanto exista una sentencia definitiva que determine su constitucionalidad.
La decisión judicial implica que el decreto carece de aplicabilidad mientras se encuentre vigente la medida cautelar, por lo que sus efectos quedan temporalmente suspendidos tanto para el sistema de salud nacional como para las jurisdicciones provinciales, incluida la provincia de Tucumán.
El fallo fue dictado en el marco de la causa iniciada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) contra el Estado Nacional y representa un paso relevante dentro del proceso judicial que analiza la validez constitucional de la norma.
Como consecuencia de la suspensión, vuelve a regir el marco legal anterior al dictado del DNU. En ese contexto, las y los adolescentes menores de 18 años que consulten por primera vez y requieran iniciar un tratamiento hormonal podrán solicitar el acceso al mismo, siempre que cumplan con los requisitos, controles y salvaguardas establecidos por la legislación vigente.
Desde Fundación Transformando Familias destacaron el alcance de la resolución judicial y señalaron que la medida brinda previsibilidad mientras continúa el tratamiento de la causa.
«Cuando instrumentos políticos como un DNU necesitan de múltiples aclaraciones, revelan su imprevisibilidad normativa y su carácter regresivo. Es posible considerar entonces a este DNU una ‘norma sospechosa’ de discriminación. Un DNU que permite continuar con los tratamientos ya establecidos y prohibir rotundamente a quienes desean iniciarlos solo evidencia un ejercicio de poder que genera sufrimiento. Desde Fundación Transformando Familias agradecemos a la Justicia por frenar y poner en duda la constitucionalidad de dicho DNU.»
La organización sostuvo además que continuará acompañando a las familias, difundiendo información basada en evidencia y promoviendo el respeto de los derechos reconocidos por el marco jurídico vigente, mientras la Justicia resuelve de manera definitiva la inconstitucionalidad del DNU 62/2025.
